Nos piden que perdonemos y que nos reconciliemos con los asesinos.
Los asesinos, torturadores y violadores no han pedido perdón, gozan de altos cargos y altos sueldos y no serán sometidos a juicio por las atrocidades que cometieron.

La cúpula militar, el gobierno, la Iglesia, los partidos políticos tradicionales y la misma derecha que apoyó el golpe militar se pusieron de acuerdo en la llamada Mesa de Diálogo de Derechos Humanos para que los militares informen del paradero de Detenidos Desaparecidos.

Los militares reconocieron 200 casos de Detenidos Desaparecidos e informan que 151 de ellos fueron arrojados al mar. Los demás se encontrarían enterrados o localizados en sitios poco detallados, revelando datos confusos y contradictorios, además de mentiras.

Debemos recordar que el informe Rettig de 1991 reconoció que en Chile hubo a lo menos 957 casos de Detenidos Desaparecidos a manos de las fuerzas militares, policiales y órganos de seguridad. Este número llega a 1.198 posteriormente. La diferencia en víctimas si comparamos con los 200, es parte de la burla y la operación de contrainformación de las Fuerzas Armadas.

Pero la burla y el desprecio de los militares por el dolor de los familiares no termina allí: los datos de "coordenadas" sobre ubicación de restos, no coincide en el terreno, la información sobre fechas de detención y muerte e incluso la forma o lugar de muerte no coinciden con los datos en manos de organismos de Derechos Humanos y familiares.

El problema de los Derechos Humanos en Chile se reduce hoy a la situación de los Detenidos Desaparecidos. Esto también es parte de las directivas impuestas por los militares.

Las Fuerzas Armadas no reconocen su participación como institución y ofrecen como gesto de "buena voluntad", dar a conocer el destino de 200 desaparecidos. Pero los autores de estos crímenes deben quedar en la impunidad.

No debemos olvidar los presos políticos que fueron asesinados durante la dictadura militar. El informe Rettig de 1991 reconoce que fueron 1.068. Las Fuerzas Armadas presionan para que se cierren todas las investigaciones o juicios en curso. Los criminales deben quedar impunes, incluído el propio Pinochet.

En Julio de 2000, la Iglesia metodista informó públicamente de datos entregados por ex-oficiales que afirman hubo comercio de órganos extraídos a lo menos 144 prisioneros y que fueron vendidos por los militares a otros países. Esto ni siquiera se investigó y los autores quedarán impunes.
En el mismo informe se plantea que hubo presos que fueron sometidos a tratamientos de disolución por químicos estando vivos. Detenidos fueron lanzados al mar estando aún vivos. El gobierno no abrió ninguna investigación, para no causar problemas al proceso de negociación con los militares. Lea el informe aquí (formato PDF).

La clase dominante chilena no considera como delito la tortura contra cientos de miles de chilenos y las aberrantes violaciones a las mujeres detenidas. Los militares, civiles, médicos y otros profesionales que participaron en la tortura deben quedar impunes.

Como el gobierno ya había dictado una ley que asegura el anonimato en la entrega de la información sobre desaparecidos y como aún existe en Chile una Ley de Amnistía dictada por Pinochet en 1978, se cumplen entonces las condiciones para que las Fuerzas Armadas apoyadas por la clase dominante en Chile, se aseguren la total IMPUNIDAD.

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