Santiago de Chile, 28 de diciembre de 2000

Las expectativas que algunos sectores del mundo ecologista y medio ambiental tenían con respecto al nuevo gobierno, luego de casi 10 meses en el poder, no han sido cumplidas. Esta es la principal conclusión que el Instituto de Ecología Política puede destacar a la sociedad civil con motivo del Balance Ambiental Anual de este año.

Nuestras evaluaciones como ecologistas no siempre han sido negativas en cuanto a resultados. Por ejemplo, en 1998 fue positivo y se habían generado muchas esperanzas en torno a la protección del medio ambiente. Sin embargo, durante 1999, último año de la administración Frei, todos los índices apuntaron en una sola dirección: que el medio ambiente se estaba deteriorando más rápidamente que antes.

Desgraciadamente, el Presidente Lagos hasta ahora no ha demostrado avances importantes en la política ambiental de fondo, a pesar del nombramiento de Adriana Hoffmann como Directora Ejecutiva de Conama Nacional. Decimos "a pesar de", pues como ecologistas esperábamos un mayor compromiso por la salud ambiental de nuestro país y una mayor protección de la ciudadanía en cuanto a su entorno y patrimonio natural comprendido en concepciones estéticas y, principalmente, en lo que se refiere a la apropiación y concentración indebida de los recursos naturales nacionales en manos de monopolios nacionales y extranjeros.

Por esto, pese a que Hoffmann tiene una larga trayectoria en protección ambiental, su nombramiento no ha significado cambios reales, ya que en distintas instancias personeros de gobierno han despreciado consideraciones ambientales, como en los emblemáticos casos de Ralco, y Celulosa Itata - entre otros- y casos vergonzosos como el fallido Plan de Descontaminación de Santiago, la modificación a la Ley de Pesca, el Uso del Petcoke y el conflicto que en la localidad de Los Vilos (IV región).

Es de suma importancia modificar el actual modelo económico, basado principalmente en la explotación de nuestros recursos naturales. No es casualidad la crisis que actualmente viven los pescadores en nuestro país. Esta catastrófica situación obedece simple y nefastamente a la sobreexplotación de recursos marinos, por mencionar sólo una de las situaciones conflictivas que muchas veces no son conocidas por la ciudadanía, pero que afectan a corto y largo plazo el bienestar de cada uno de los chilenos, lo que nos está llevando a un conflicto ambiental de consecuencias desconocidas.

Si el actual gobierno y los empresarios no son capaces de entender los peligros sociales, económicos y ambientales que la sociedad deberá sufrir tempranamente producto del deterioro ambiental en aumento constante, del privilegio a intereses transnacionales, por la sobreoferta de nuestros recursos naturales, por el mínimo respeto por las comunidades locales, por la falta de legislación e inadecuada fiscalización, etc. Por todo esto, nuestra visión nacional de futuro no es de manera alguna optimista.

Por otra parte, los mercados internacionales exigen cada vez mayor protección ambiental. Un ejemplo de esto es que si Celulosa Arauco es finalmente instalada en el valle del Itata, la producción vitivinícola de la zona, difícilmente podrán ser vendidos dentro del mercado europeo. Este mismo, quien es uno de nuestros principales compradores, acepta cada vez menos papel proveniente de bosques nativos. Entonces, el tema primordial radica en que, sin la debida protección de nuestros recursos naturales, la economía -más tarde que temprano- deberá absorber esta grave falta de visión y de perspectivas de vida para las próximas generaciones.

Manuel Baquedano, Presidente IEP

La Comisión Regional del Medio Ambiente de la VIII región rechazó por 16 votos contra 2 el proyecto forestal que la empresa Celulosa Arauco y Constitución pretendían instalar en el sector de Nueva Aldea, comuna de Ranquil. Tal decisión se convirtió al momento en un hito, ya que hasta ese minuto los gobiernos de la Concertación habían optado por respaldar incondicionalmente a los megaproyectos, de propiedad de poderosos grupos económicos, en desmedro de las actividades económicas y realidades propias de las comunidades locales.

El proyecto de 1.400 millones de dólares implica una planta procesadora de 550 mil toneladas anuales de celulosa kraft blanqueada con cloro, instalada en una zona dedicada la vitivinicultura y que cuenta con un programa de modernización para la exportación de vinos finos al mercado intermundial.

Los agricultores y viñateros afectados están conscientes acerca de las emisiones gaseosas de la planta industrial y la precipitación de contaminantes sobre los campos aledaños y la polución de las aguas de riego que acabará con los cultivos. Las protestas las efectuaron con marchas y mitines ante la Gobernación de Ñuble y la Intendencia regional de Concepción. Los daños ambientales traerían perjuicios, además del sector agrícola y vitivinícola, al turismo de Quillón, Quinchamalí y a la pesca en la zona costera de Dichato, Pingueral, Cobquecura y Tomé. La forma en cómo se resuelva este conflicto creará un precedente para el gobierno de Lagos, ya que si no se considera la voluntad de aproximadamente 50.000 personas beneficiadas con la actividad agrícola, se estará una vez más en la línea economicista en respaldo de los poderosos grupos económicos.

El Gobierno, encabezado por Conama, ha postergado una vez tras otra la decisión final de Itata, según nuestra evaluación sobre todo para que la decisión de apoyar al proyecto nefasto para el medio ambiente, no influya en los procesos políticos de la Concertación. Esto fue claramente el caso, cuando a pocos días de las elecciones municipales, se postergó la decisión. Ahora, se creó una especie de mesa de diálogo, tan a la moda en Chile, que trata más bien de disuadir las protestas, que realmente de encontrar soluciones.

RECURSOS PESQUEROS: NUEVA LEY PROFUNDIZA LA INSUSTENTABILIDAD
Pésimo: Que el Gobierno con la nueva Ley de Pesca no haya avanzado hacia la sustentabilidad, sino que contribuya a la extinción de los recursos pesqueros.
Bueno: Que el gremio de los pescadores artesanales, Conapach, se haya involucrado fuertemente en la lucha por una pesquería sustentable (como grupo organizado de la sociedad civil).

Durante el año 2000, se discutió fuertemente el proyecto de Ley de Pesca, y hubo varias postergaciones. Incluso el proyecto fue retirado del Congreso por no contar con el respaldo necesario. Cuando en diciembre finalmente surgió, cumplió con todos nuestros temores más negativos; es muy permisiva con la pesca de arrastre y establece cuotas por únicamente tres especies, cuotas que además están hechas de manera que no se permita una vigilancia adecuada, fortaleciendo la ya reñida carrera por capturar lo máximo posible en el lapso más corto posible, con poca o nula protección al medio ambiente. Como si esto fuera poco, la ley además amenaza la existencia de los pesqueros artesanales, unos 500.000 en total, a los que se deben sumar las familias que hay detrás y todo el potencial humano que dejará de producir de manera sustentable.

Por ser tan categoricamente negativa esta propuesta, el IEP entregó su Premio de Peor Acto Ambiental 2000 al Ministro de Economía José de Gregorio, principal responsable de la Ley. En el mismo sentido, el Premio de Mejor Acto Ambiental 2000 se entregó al gremio de los pesqueros artesanales, Conapach, por su lucha contra dicha Ley y por la pesquería sustentable.

La Ley de Pesca es transitoria, por lo que esperamos que sea bien breve - o mejor aún, nula - su temporada de vigencia, para llegar tener una Ley de Pesca sustentable, lo que es algo muy distinto al proyecto que estamos viendo ahora.

TRANSGÉNICOS: DEMORA DE ROTULACION ILEGAL
Pésimo: El Presidente Lagos firmó un decreto estipulando que los productos transgénicos tienen que ser rotulados, pero el decreto todavía no ha salido publicado en el Diario Oficial, lo que es inconstitucional.
Bueno: Chile ha firmado el Protocolo de Bioseguridad, acercándose a un control más estricto de las plantaciones y los productos. El Grupo de Miami perdió su peso.

Durante el año 2000, Chile estaba en una posición muy favorable para acabar con la amenaza que representan los transgénicos. La superficie de plantaciones de semillas manipuladas genéticamente, que había aumentado cuatro veces en 1999 superando el promedio internacional, bajó debido a un fuerte rechazo de los consumidores en todo el mundo frente a los productos manipulados genéticamente.

Los cultivos transgénicos en Chile son esencialmente de soja y maíz. Se producen semillas para vender a otros países, sobre todo EE.UU. y Canadá. Las semillas que no son exportadas quedan en Chile, a veces utilizadas como alimento para pollos y cerdos. Según experticia internacional, los campos con cultivos transgénicos deben estar separados de los cultivos "sanos" por una distancia mínima de cuatro kilómetros, a fin de evitar su contaminación a través del polen transgénico, acarreado por el viento y las abejas. En Chile, esto se cumple en menos del 1 por ciento de los terrenos cultivados con transgénicos.

En 1999, el Ministro de Agricultura, señor Campos, prometió libre acceso a información sobre las plantaciones transgénicos, pero no cumplió con su promesa ya que todavía no es posible para un ciudadano consciente y preocupado informarse donde están las plantaciones transgénicas. Esto significa, entre otras cosas, que el agricultor libre de transgénicos no puede tomar las medidas necesarias para que sus cultivos no se contaminen con siembras transgénicas, simplemente porque no sabe si están o no.

Luego de las campañas del Instituto de Ecología Política, la Red por un Chile Libre de Transgénicos y algunos políticos, el gobierno estubo a punto de ordenar una rotulación de los productos transgénicos. Incluso, el Presidente Lagos el 26 de abril firmó un decreto ordenando que estos productos se rotulen. Fue tomado en razón por la Contraloría General de la República el 20 de junio, organismo que -obligatoriamente- tiene que publicarla en el Diario Oficial para que entre en vigencia. No obstante, varios meses después, aún no se ha publicado este decreto, lo que es una conducta claramente inconstitucional. Tenemos entendido que esto se debe a una fuerte resistencia del Ministerio de Economía, que tiene la percepción errónea de que sería negativo para la economía del país rotular los alimentos transgénicos.

Por lo anterior, el IEP -el día 23 de Noviembre- escribió al Contralor General de la República, llamándole la atención acerca de la inconstitucionalidad del presente caso. Aun no recibimos ninguna reacción de su parte, por lo que nos estamos preparando para tomar medidas de protección judicial contra las autoridades responsables.

FORESTAL SAVIA / TRILLIUM: SOSPECHAS SOBRE INTENCIONES REALES
Bien: Por fuerte presión ecologista, la empresa aparentemente ha reducido los efectos negativos del proyecto.
Pésimo: El Gobierno no exige claridad de la empresa sobre en qué consiste el proyecto.

El proyecto forestal Río Cóndor de Forestal Savia, (ex Trillium), con la explotación comercial de 103 mil hectáreas de bosque nativo, de un total de 272 mil que posee la compañía en Tierra del Fuego, hubiera sido nefasto en su ejecución original, con muy graves consecuencias para la biodiversidad. De a poco se ha ido mejorando, siempre en contra de la voluntad de la empresa, conocida y rechazada a escala mundial por sus labores muy poco compatibles con la protección del medio ambiente. En varios países ha sido rechazado enteramente, como es el caso de México donde la empresa tiene una historia muy oscura que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a denunciar la empresa y a premiar a la gente que ha luchado contra ella. Últimamente, en la reunión anual de Savia en EE.UU., había miles de personas manifestando en contra del pésimo acto ambiental de la empresa.

El primer paso adelante fue cuando los ecologistas logramos -en 1999- que el Estado obligara a la empresa de cumplir con la Garantía o Póliza Ambiental, con 100 condiciones que el Consejo de Ministros exigía a Forestal Savia - ex Trillium para llevar adelante la. Para el Instituto de Ecología Política este seguro o garantía (el primero de su tipo que se exige en el país), es un precedente positivo en el tratamiento que se le dé a nuestros bosques nativos, ya que está destinado a compensar al Fisco por un eventual abandono prematuro de las operaciones o el posible impacto de una tala excesiva. Un aspecto que destacamos por considerarlo esencial en el mejoramiento de la presentación de este proyecto, es la presión que han ejercido las organizaciones ecologistas y la comunidad, ya que de lo contrario la explotación del bosque se hubiera producido tal como se planteó en una primera instancia.

Sin embargo, el Estado no veló para que la empresa realmente cumpliera con sus promesas y el Consejo de Defensa del Estado tuvo que interponer una demanda contra Forestal Savia-ex Trillium, debido a la deuda impaga de 856 mil dólares (450 millones de pesos). Esta fue acordada entre la empresa y el Fisco en 1995, para compensar al Estado por el daño al patrimonio que significó la venta en 1991 de 71.085 hectáreas de bosques de lenga y coigue a un precio de 133 millones de pesos, con un equivalente a U$5 la hectárea. Trillium se comprometió a alcanzar un precio justo mediante la "donación" de U$ 856.000, "en dinero depositado en arcas fiscales o bien, mediante la ejecución de obras, infraestructura, elementos o instalaciones, por el valor indicado precedentemente o una combinación de ambos". El plazo para hacer efectiva la donación venció el 31 de enero de 1999 y Savia-Trillium, no cumplió su compromiso ni en dinero ni en obras, lo que motivó al Consejo de Defensa del Estado a exigir el cumplimiento del contrato.

Todos los antecedentes mencionados anteriormente deberían haber influido en el gobierno chileno para que adoptara un estado de alerta con la empresa. Además, la actual Directora de Conama, Adriana Hoffman, se pronunció, como directora de una ONG ambiental, varias veces en contra del proyecto ya que implica un daño grave e irreversible a un ecosistema muy frágil. Si esta opinión no es tomada en cuenta, es una clara señal de debilidad, y de poca preocupación por el medio ambiente, que el gobierno no se haya pronunciado en contra de los planes de expansión del proyecto.

Ultimamente, la empresa forestal cambió su proyecto, debido a las fuertes presiones de los ecologistas. Lo autonombraron un proyecto de Ecoturismo, pretenden tallar mayoritariamente los árboles ya muertos, y recibir ingresos a través del Protocolo de Kioto por se una cuenca de dióxido de carbono. Sin embargo, el mundo ecologista, dentro ellos el IEP, mantiene sus sospechas frente a la buena voluntad de la empresa, conociendo su trayectoria. Además, vemos con mucho recelo lo que según la empresa establece el Protocolo de Kioto, ya que se puede interpretar de tal manera que cortar bosques antiguos y reemplazarles por árboles jóvenes que crecen más rápido, será considerado como sustentable y ambiental, lo que obviamente no es el caso ya que perjudicaría gravemente a la biodiversidad. Estimamos pertinente que el nuevo proyecto de Forestal Savia ex Trillium entre en el sistema de evaluación de impacto ambiental, para que sean reconocidos y evaluados sus propuestas. Nos sorprende mucho la actitud irresponsable de representantes del Gobierno que no han estimado necesario este paso.

REPRESA RALCO: GOBIERNO EN JUEGO CíNICO
Pésimo: Las obras para construir la represa siguen avanzando pese a no haberse resuelto ni la situación de las familias que se oponen al proyecto, ni la mayoría de los requisitos legales
Bueno: -

Las obras definitivas para la construcción de la represa Ralco avanzan sin respiro, pese a la resistencia de diez familias que se niegan a abandonar sus tierras y a varias acciones legales aún no resueltas, como el derecho de agua o las demandas de las señoras Quintreman. Asimismo, existe una acusación por genocidio ante las cortes españolas, presentada por abogados españoles. Basándose en el Código Penal de ese país, acusan a los ejecutivos de Endesa España, Endesa Chile y a las autoridades del gobierno chileno responsables de la autorización de Ralco.

El proyecto Ralco está rodeado de situaciones irregulares. La Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC, (organismo técnico encargado de otorgar las concesiones eléctricas), por intervención del ejecutivo, envió al Ministerio de Economía el visto bueno para que Endesa obtuviera la concesión eléctrica definitiva para el proyecto, lo que se realizó obviando los conductos regulares. Además, organizaciones como el Grupo de Acción por el Biobío GABB, han detectado errores en la petición de derechos de aguas, por parte de Endesa.

Ralco representa uno de los peores fracasos de la política ambiental e indígena del gobierno chileno pasado, porque ha deslegitimado a la autoridad ambiental y ha demostrado la prevalencia de la autoridad política sobre criterios de sustentabilidad social y ambiental. Con Ralco, el gobierno anterior prácticamente destruyó a la Conadi, obligando a renunciar a sus directores e incluso a sus hombres de confianza, como fue el caso del Dr. Cristián Vives y Milene Valenzuela. Peor aún, el gobierno ha enfrentado al Estado chileno con uno de sus pueblos indígenas: el pehuenche, no vacilando en autorizar todo tipo de maniobras por parte de Endesa para destruir la cultura y la resistencia pehuenche.

El actual gobierno, lejos de reconocer las fallas graves de su predecesor, continúa por la misma senda. El Presidente Lagos ha negado de pronunciarse sobre el tema, insistiendo que el proyecto se encuentra en un proceso jurídico. No obstante, no pronunciarse en estos momentos significa apoyar el proyecto, ya que la construcción de la represa sigue mientras avanzan paulatinamente los procesos jurídicos.

El Ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe, dijo el 12 de mayo que "ahora sólo corresponde que el proyecto de la Central Ralco continua, porque ya fueron cumplidos todos los trámites establecidos por la actual legislación". En la práctica esto significaría que el gobierno a optado por impulsar estas obras. Los últimos hechos y eventos en el área de la represa -así como en Santiago- nos muestran que de realizarse, Ralco se transformaría en un problema de permanente confrontación, ingobernabilidad e inseguridad de la zona, al contrario de lo que sostiene la Ministra de Mideplan, Alejandra Krauss.

La empresa Endesa está por empezar la construcción del muro, lo que prácticamente significa que la construcción entra en una fase irreversible. ¡Y esto cuando aún quedan varios fallos jurídicos! Con un fallo en contra de la construcción, lo que es muy probable tanto en el caso de Chile (ley indígena, derechos de agua, etc.), como en España (ley de genocidio), estaríamos frente a una situación de hechos consumados, lo que no es pertinente a un Estado de Derecho.

Frente a las protestas cada vez más masivas contra la construcción de la represa, en Santiago y en el Alto BíoBio, y a los trabajos voluntarios tradicionales que los ecologistas realizarán este verano en el terreno afectado, el gobierno ha convocado a una instancia especial para asegurar que Endesa cumpla con los requisitos legales que les ha puesto el gobierno. Como ya se sabe desde hace mucho tiempo que hay irregularidades muy graves en la construcción, de la parte de la empresa española, lo que el mismo Presidente pudo informarse durante su visita a la hermanas Quintreman, es esta maniobra del gobierno absolutamente cínica, realizada para calmar la opinión y no para realmente asegurarse de la legalidad de los quehaceres de la empresa.

PLOMO EN ARICA: GOBIERNO MENOSPRECIA EL PROBLEMA
Bueno: Por fin se realizaron muestras de sangre de las personas más afectadas.
Pésimo: Que aún prestigio y razones económicas valen más que la salud de los niños.

Durante el año 2000, se ha realizado algunos avances reales en el tema de la contaminación por plomo en Arica. Lo más importante es la toma de muestras de sangre de alrededor de 5.000 personas de las poblaciones vecinales del sitio F de Los Industriales, donde estuvieron durante 15 años las 20.000 toneladas de desechos tóxicos suecos. En una visita a Arica del Presidente de la República, Ricardo Lagos, y la Ministra de Salud, Michele Bachelet, visitaron el sitio de acopio y prometieron que dentro de muy poco tiempo el terreno estaría sellado y que iban a construir un estadio deportivo allí.

En una visita efectuada en octubre del presente año, el Servicio de Salud dijo que ya estaba sellado el terreno, lo que es verdad pero en menos del diez por ciento del terreno, el resto aún queda sin capa y el polvo tóxico se levanta con el viento. De la promesa electoral para ganar la alcaldía (intento frustrado) de construir un estadio, la gente que entrevistamos no se interesa mucho; prefieren que los recursos estén invertidos en medicamentos adecuados para los niños enfermos. Según lo que nos cuenta Servicio de Salud, los niños intoxicados son poco más de 100, pero el límite que establece la norma chilena para la presencia de plomo en sangre es muy poco exigente (10 ug/dl) y con la norma europea (3-5 ug/dl), una gran cantidad de la población estaría pronunciada enferma, con necesidad de tratamiento y medicación. Los labores y la ayuda que ofrece el Estado es muy lejos de ser suficiente, no solamente porque la gran mayoría de los enfermos no son considerados, sino también porque no existen las condiciones necesarias para la enseñanza especial que necesitan, según nuestro cuento, varios centenares de niños allí, quienes debido a la contaminación por plomo no pueden participar en la enseñanza escolar normal. Tampoco el estado ha desarrollado un programa para limpiar el terreno del polvo tóxico, que se encuentra dentro de las casas, en los techos, en las calles...

El IEP durante el año ha desarrollado propuestas concretas sobre cómo enfrentar la situación crítica de Arica, ha juntado más de 150 organizaciones ambientales, junto con parlamentarios de tres partidos en una llamada a Suecia de tomar su responsabilidad y ayudar a encontrar (y financiar) una solución final a los desechos que una empresa sueca dejó en Arica hace ya quince años. Aún así, el gobierno se ha interesado poco en participar en labores para encontrar financiamiento internacional a esta situación que al parecer las autoridades chilenas no son capaces de enfrentar como se debe.

ASBESTO: AVANCES SI, PRHIBICION NO
Bueno: Gobierno prohibió el uso del asbesto en viviendas básicas y frenos.
Pésimo: Gobierno aún no emitió una prohibición general del uso de asbesto.

El Instituto de Ecología Política recién dio nuevo impulso a su campaña contra el uso del asbesto, por ser altamente tóxico y dañino para la salud. Las fibras de asbesto son como pequeñas agujas, partículas respirables que atraviesan las fibras del pulmón y provocan daños irreparables a las membranas que realizan el intercambio de oxígeno en las paredes pulmonares. Este mineral cobra casi 200.000 víctimas anuales en Europa por deficiencias pulmonares.

En muchos países, el uso del asbesto está totalmente prohibido o tiene limitaciones muy estrictas. Nuestra campaña, entre otras cosas, significó que la empresa Pizarreño empezó una producción de techos libre de asbestos en enero de 1999. En marzo del mismo año, el gobierno chileno ratificó la adhesión de Chile al Convenio 162 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sobre "utilización del asbesto en condiciones de seguridad". Este tratado obliga al estado a la absoluta prohibición del asbesto, cuando su substitución sea técnica y económicamente factible. 5 de 6 fabricantes de fibrocemento en Chile, con un 90 % del mercado, ya ofrecen alternativas libres de asbesto.

Durante los primeros meses del año 2000, unos 600 ex trabajadores de Pizareño y sus familiares presentaron una demanda en contra de la empresa por daños a la salud. Ya en 1999, se presentó una demanda por cuasi delito de homicidio. Hasta ahora, se conoce 85 muertos por asbestosis en Chile. En abril del año 2000, la agrupación Víctimas del Asbesto se unió con IEP para trabajar juntos para obtener por fin restricciones fuertes para el uso de asbesto en Chile.

En el curso del año, el Ministro de Vivienda tomó la decisión de eliminar el uso del asbesto en viviendas sociales, lo que efectivamente significó eliminar esta sustancia tóxica de la construcción, ya que las viviendas de las clases medias y altas desde hace ya varios años se construyen sin usar el asbesto. Poco después, se prohibió los frenos con asbesto, otro paso hacia la eliminación cuasi total de la sustancia.

Lo que ahora falta, y que estimamos de importancia mayor, es que el Ministerio de Salud declare el asbesto como sustancia tóxica y prohiba su uso en el país, excepto en casos muy especiales donde todavía no existe sustituto menos nocivo. Por mientras, el gobierno debería cumplir su acuerdo de rotular los productos que contienen asbesto para que el público pueda elegir libremente productos más sanos.

La actitud del gobierno ha sido, según nuestra opinión, una clara violación al acuerdo internacional de la OIT, así como a la ley de bases del medio ambiente. Con la buena voluntad y la preocupación por la salud de la gente, sería fácil prohibir la mayor parte del uso del asbesto. Esto sumado a la actitud de las empresas reunidas en la APAC nos obliga a reforzar aún más la campaña contra el asbesto.

COSTANERA NORTE: ASFALTAR ES MÁS IMPORTANTE QUE MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA
Pésimo: El Gobierno acepta un proyecto muy dañino para los santiaguinos y el medio ambiente de Santiago. Además, significa costos enormes para el estado.
Bueno: -

La Costanera Norte es un proyecto de autopista urbana de 33 km., que pasará por el centro histórico, cultural, recreativo y físico de la ciudad de Santiago. El proyecto del Ministerio de Obras Públicas (MOP), implica expropiar parques, casas, áreas comerciales de menores ingresos y otros sectores para llevarla adelante, ofreciéndola en concesión durante 30 años a una de las cuatro empresas o consorcios que presentaron ofertas al gobierno.

Su costo, (US$366 millones), será subsidiado por el gobierno con enormes sumas directas e indirectas, partiendo con US$80 millones en obras adjuntas (que podrían considerarse de utilidad pública). El MOP propone garantizar el 90% de la inversión y los costos de explotación, el 85% de los ingresos no percibidos por no-pago de peaje, el total de los sobrecostos por las expropiaciones y quiere ceder gratuitamente terrenos fiscales incluyendo sectores del Parque Metropolitano y del Río Mapocho. Además ofrece pagar las multas de quienes la ocupan sin pagar. Esto, lógicamente, subsidia la contaminación.

La mayoría deberá sacrificar su salud, su medio de subsistencia, su comunidad y su historia, en beneficio de una pequeña minoría que ya cuenta con bastantes beneficios y que viaja más rápido, cómodo y seguro (hoy día sólo un viaje de cada cinco se realiza en automóvil particular. 50% de las personas viajan en bus, 20% a pie, 10% en metro y otros medios). Las comunidades que destruirá el proyecto son verdaderamente "barrios" donde la gente se conoce, se cuida y se quiere. Existe un patrimonio donde se cobija la cultura, el turismo, la recreación y la identidad. Además, son barrios que ofrecen excelentes servicios a gente de menores recursos - ayudan a la equidad.

Esta iniciativa es inconsecuente con las políticas de transporte y del Plano de Descontaminación para la Región Metropolitana. Apostamos a que la construcción de autopistas para resolver los problemas de transporte en una metrópolis congestionada y contaminada es la peor opción. Además, es completamente inconsecuente con las políticas de transporte, descontaminación y justicia social del gobierno. Una solución realista requiere de una red de transporte público eficiente, segura y de alta calidad basada en buses, con choferes que ganen sueldos dignos y trabajen en condiciones adecuadas, además de la incorporación de trenes eléctricos, intra- e interurbanos.

BOSQUE DE SANTIAGO: MUERTE DE PULMÓN
Pésimo: Porque se está autorizando la desafectación de un parque con un enorme potencial como pulmón verde para Santiago, además de ser un área de recreación de los santiaguinos.
Bueno: -

Los santiaguinos ya tienen un nivel de áreas verdes per capita muy bajo (de 2,5 metros cuadrados por habitante), y la Región Metropolitana ya ha sido oficialmente declarada como saturada de contaminantes ambientales. Por eso, la destrucción de más bosques o parques sería algo muy grave. No obstante, las autoridades están planificando precisamente esto, con el Bosque de Santiago.

Este lugar, ubicado en el sector nororiente del Parque Metropolitano, es un lugar con un gran valor ambiental. Tiene una biodiversidad importante, con plantas y árboles que no existe en ninguna otra parte de la Región Metropolitana. Es un patrimonio histórico, fundado oficialmente como parque de Santiago en 1917 por la ley 3.295, estableciendo que "terrenos que se declaran de utilidad pública y que se destinarán a la formación de un gran parque de uso público". El convenio internacional, de la ONU, sobre biodiversidad dice claramente que es responsabilidad de cada país proteger las áreas verdes que tiene. El Decreto Supremo número 891 del año 1966 establece prohibición al uso de sus terrenos a cualquiera actividad que perturbe o amenace la conservación y preservación de las especies existentes. El plan vigente de descontaminación de Santiago establece que todos los parques urbanos se mantendrán como tales.

Los proyectos más recientes dentro del parque, son la construcción de centros de información y divulgación ambiental bajo el liderazgo del London Ecology Unit, que realizará el "Proyecto Darwin", con un centro de educación ambiental. Será desarrollado en conjunto con el manejo del Bosque de Santiago en un área de 180 hectáreas.

Todo esto hoy día está amenazado por la construcción de la autopista de 6 filas, Radial Nororiente, vinculado con la Costanera Norte. Esta construcción, ya en licitación, va a pasar directamente por el interior del parque, produciendo una destrucción muy grave de especies de vida silvestre, una pérdida de la estructura arbórea y la pérdida de conexión entre el proyecto Darwin y el resto del bosque. No obstante, lo más grave es que el Bosque de Santiago tiene enormes posibilidades para ser en el futuro un parque realmente para los santiaguinos que necesitan más, y no menos, áreas verdes.

Por eso, un conjunto de organizaciones ambientales y vecinales, entre ellas el Instituto de Ecología Política y Renace, presentaron en noviembre del 1999 ante la Contraloría General de la República una solicitud para que se establezca la ilegalidad del llamado a licitación del proyecto "acceso Nororiente a Santiago". Varias organizaciones junto a los vecinos del bosque, iniciaron una campaña para salvar este lugar, empezando por abrir el espacio a los ciudadanos. El gobierno no tomó nada de esto en cuenta, cuando autorizó la construcción de la radial.